La oposición acusa a CC de querer perdonar a Pejomar 417.000 euros

El servicio de Intervención pone reparos a la decisión de retrotraer el expediente de Los Frontones, abierto a la empresa por realizar obras sin tener las licencias

Gabriela Gulesserian

La Orotava

Los cuatro partidos de la oposición, socialistas (PSC-PSOE); populares (PP), Iniciativa por La Orotava (IpO); e Izquierda Unida-Los Verdes (IUC-LV), acusaron al Gobierno local de Coalición Canaria (CC)-Partido Nacionalista Canario (PNC) de intentar "perdonar" una multa de 417.605 euros a la empresa constructora Pejomar, a pesar de que ésta realizó obras de edificación y urbanización en la zona de Los Frontones sin contar con las correspondientes licencias.

Este asunto fue abordado en el Pleno durante una sesión en la que se informó del reparo formulado por el servicio de Intervención a la decisión del Ayuntamiento de La Orotava de retrotraer el expediente a sus orígenes y, como consecuencia, "condonar" una sanción a la promotora al admitir un escrito interpuesto por ésta que luego se califica como recurso de reposición y se da el visto bueno por parte de la concejalía delegada de Ordenación del Territorio.

Sin embargo, Intervención se muestra en desacuerdo con esta calificación y cita algunas de las irregularidades del escrito, entre las que señala, en primer lugar, que fue puesto el día 30 de enero, tres días antes de ser notificado, el 3 de febrero. Además, indica que el día 2 de marzo de 2009 también fue interpuesto un recurso similar por la misma persona y ello resulta legalmente "inviable". Por si fuera poco, añade que "no se especifica el acto que se recurre, no se formula alegación alguna sobre cuestiones de hecho o de derecho" y se cuestiona, entre otras consideraciones, la "dudosa firma en el pie", que "no coincide con ninguna de las tres que figuran en el documento anexo".

Por último, deja constancia de que Pejomar tampoco abonó las dos multas coharcitivas por importe de 601 euros cada una, impuestas por decretos de fechas 24 y 27 de octubre de 2008, sin que conste en el expediente remitido su anulación o suspensión.

El portavoz del PSC-PSOE, Manuel González, se preguntó por qué cuatro meses más tarde y a pesar de que el Gobierno local dijo que la sanción a la empresa llegaría "hasta las últimas consecuencias", ahora el expediente recibe otra visión "totalmente diferente", y advirtió de que su grupo no descarta acudir a la Justicia para que se investigue lo sucedido.

Compenetración.

IpO se hizo eco de este aviso y cuestionó la "compenetración" entre CC y Pejomar. Su portavoz, José Manuel Hernández, y el de IUC-LV, Fran Baute, sospechaban que la deuda "se iba a perdonar", pero pensaron que se iba a hacer "mediante la legalización de las obras" y no con una vía "tan torticera" como el levantamiento de una sanción "que no tiene ningún argumento jurídico".

Hernández calificó este asunto de "claro favoritismo" hacia una constructora que "no ha respetado la legalidad urbanística en la Villa", mientras Enrique Luis (PP) también criticó duramente al equipo de gobierno y dijo que "cuesta poco o nada no cumplir la ley en La Orotava", y aclaró que "tendrá cuidado" de que el expediente no prescriba y "no duerma en un cajón el sueño de los justos".

Por su parte, el responsable de Ordenación del Territorio, Narciso Pérez, negó que se esté condonando una deuda o se sirva a determinados intereses. "No hay peor mentira que las verdades a medias", sostuvo, y explicó que "sólo se había dado cuenta de un procedimiento", y que "no iba a cuestionar al máximo representante de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento". Por último, el concejal hizo hincapié en que "ninguna de las acusaciones vertidas se pueden demostrar".