Políticos, funcionarios, empresarios y ciudadanos en apuros económicos se encomendaban a través del móvil a este alcalde

Los más de 22.000 folios del sumario del ´caso Arona´ muestran a un alcalde, José Alberto González Reverón, que vive pegado a un teléfono. Políticos, funcionarios, empresarios y ciudadanos se encomiendan a través del móvil al regidor en busca de un favor, incluida la vicepresidenta del Parlamento canario.

NATALIA VAQUERO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no ha sido el único que ha llamado al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, para pedirle un favor personal: enchufar a su sobrina en la policía local del municipio tinerfeño. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también se interesó el 23 de junio de 2008 por la situación de dos jóvenes que aspiraban a convertirse en policías de Arona. Lo consiguieron. La sobrina del presidente no tuvo tanta suerte al ser pillada mientras copiaba en el examen.

En los más de 22.000 folios del sumario del caso Arona queda reflejada la extraordinaria capacidad del regidor González Reverón para hablar sin parar por teléfono, instrumento que utiliza tanto para ordenar la retirada de una multa de tráfico, como para autorizar a un amigo la venta de bebidas alcohólicas en un terrero de lucha o recomendar la contratación de un grupo de rock al que representa una amiga.

Tampoco se corta un pelo al enchufar a una conocida para que trabaje en una guardería municipal o en modificar sin consultar la baremación para que los más pequeños sean aceptados en esa escuela infantil.

Políticos, funcionarios, empresarios y ciudadanos en apuros económicos se encomendaban a través del móvil a este alcalde de Coalición Canaria (CC) que junto a otras 34 personas están imputadas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En la causa que instruye desde hace más de dos años el juez Nelson Díaz Frías no faltan tampoco todo tipo de infracciones a la ordenación del territorio.

En las conversaciones grabadas por la Guardia Civil abundan las críticas a Díaz Frías, a quien la mismísima vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío (PP), le recrimina por su investigación en Arona y manifiesta sentirse "indignada" por el registro policial del domicilio de Félix Sierra, concejal del PP en el municipio tinerfeño.

La vicepresidenta de la Cámara regional llega a reconocer que también ha mostrado sus quejas al teniente coronel de la Guardia Civil y lanza sin ningún rubor una advertencia: "El que ríe el último, ríe mejor". Ni Díaz Frías, ni el teniente coronel tuvieron en cuenta las sugerencias de la vicepresidenta del Parlamento.

"¿Crees que el juez tiene algo contra ti?", le pregunta Tavío a Sierra el 15 de octubre del año pasado. El edil del PP está convencido de que es "un tema personal". Ese mismo día, Sierra habla con el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, y con el vicepresidente del Gobierno autónomo, José Manuel Soria.

"Me imagino que habrá algún cabrón oyendo", espeta Melchior a Félix Sierra. La investigación apunta a que la mayoría de los implicados en esta causa eran conscientes de que podían tener los teléfonos pinchados por orden judicial. No les importaba, como tampoco que los medios de comunicación informasen de las supuestas irregularidades cometidas en el consistorio de Arona.

"¡Tonterías!", responde una funcionaria a González Reverón al referirse a un contrato que ha salido en la prensa. La empleada pública y el alcalde hablan de la baremación para el acceso a una guardería municipal y reconocen que la han modificado de forma irregular.

Tampoco eran muy legales algunas de las actuaciones en el Ayuntamiento de Adeje, según una conversación en la que el alcalde de Arona comenta que funcionarios de Adeje dicen que los contratos de plan de empleo que han hecho "carecían de resoluciones, decretos y de todo".

Y de casi todo carecía el señor que llega a rogar al alcalde que le ayude ante la grave situación financiera que atraviesa.

Otro funcionario del ayuntamiento le envía un mensaje con el siguiente texto: "acuérdate cómo va la plaza de mi hermana". Otro empleado municipal le escribe: "jefe dale un toke a bos por los vuelos a Holanda, él ya sabe las fechas... acuérdate de buscar trabajo a Isa..."

Y por si estos ejemplos de pasteleo telefónico fuese poco, el 15 de febrero de 2008 queda registrada una situación surrealista. El alcalde recrimina que agentes de la policía local pasen por el terrero de lucha y veten la venta de bebidas alcohólicas, tal y como establece la ley. La orden del regidor de Arona es tajante: no hay que ser tan estrictos con ese tema y "dejen que vendan allí", declara.

Ese mismo día por la noche habla con el abogado José Ramón Pitti, quien le recomienda que sea más discreto y prudente con el uso del teléfono. La contestación de González Reverón no tiene desperdicio: "Vale, pero desde que sepas algo me llamas", replicó.

El ayuntamiento paga

La asistencia letrada del alcalde y de los concejales imputados en el caso Arona correrá a cargo del erario público, según un decreto de la Corporación municipal que da luz verde al abono de los gastos de defensa y representación del regidor José Alberto González Reverón y de los ediles en este proceso penal incoado a instancias del PSOE.

Fue el Pleno del Ayuntamiento el que aprobó en diciembre de 2007 el pago de 65.000 euros para la defensa de la anterior Junta de Gobierno Local que permanece imputada por un presunto delito de prevaricación por la concesión de licencias de obras con informes jurídicos negativos. Las minutas responden a las diligencias previas de este procedimiento judicial que lleva el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Arona, Nelson Días Frías.