Multa de 400.000 euros a una firma de telefonía en litigio con un vecino

LOS REALEJOS

La OMIC lleva a la Agencia de Protección de Datos la reclamación de un realejero incluido en un listado de morosos por una deuda inexistente de 80 euros

SANTIAGO TOSTE

LOS REALEJOS

No estamos desprotegidos y reclamar nuestros derechos cuando alguien los intenta vulnerar siempre vale la pena. Ése es el mensaje que traslada a la opinión pública la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Los Realejos, al evaluar ante DIARIO DE AVISOS la "sanción ejemplarizante" de 400.000 euros que le ha impuesto la Agencia de Protección de Datos a una empresa de telefonía móvil por incluir a un vecino de la localidad en un listado de morosos, donde se le reclamaba una deuda inexistente de 80 euros.

Desde la OMIC explican que la lucha de este realejero contra la multinacional de telefonía arrancó hace algo más de ocho años, cuando una empresa dedicada al cobro de morosos le reclamó el pago de 80 euros correspondiente a un teléfono que, ahora ha quedado demostrado, nunca poseyó. "El vecino acudió a nosotros -explican en la OMIC-, y entonces decidimos solicitar a la empresa una copia del contrato y la factura que, supuestamente, recogían la deuda". "La Ley en este ámbito es muy clara -puntualizan-: no se puede incluir a ningún ciudadano en un listado de morosos, ni por tanto derivar esa deuda a una entidad dedicada a este tipo de cobros, sin que previamente exista constancia de la reclamación de la misma". "Por lo tanto -apostillan-, nuestro requerimiento se planteó con la finalidad de que se anulasen los datos de ese vecino en los ficheros de solvencia patrimonial".

Sin embargo, la respuesta que obtuvo la OMIC de la empresa es que, al haber pasado más de cinco años, supuestamente no era preciso facilitar copia del contrato ni de la factura, pero sí que procedía, en cambio, mantener al vecino en el listado de morosos.

Sanción ejemplarizante

Ante tal punto de vista, la oficina realejera que vela por los derechos del consumidor acudió a la Agencia de Protección de Datos, organismo que inició un expediente que ahora se ha resuelto con la citada sanción de 400.000 euros a la empresa de telefonía, "al quedar absolutamente demostrado que se incluyó sin motivo a esta persona en ese listado", con los perjuicios que esta medida acarrea a cualquier ciudadano. "Se trata a todas luces de una sanción ejemplarizante -comentan desde la OMIC-, de la que se pueden extraer dos conclusiones: por un lado, disuade a las compañías telefónicas de emprender este tipo de medidas que, en la mayoría de los casos, no están exentas de irregularidades y, por otro, conciencia cada vez más a los ciudadanos de que reclamar cada vez que consideren que sufren una injusticia vale la pena".

Hacer valer nuestros derechos

En la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Los Realejos toman además este caso como ejemplo meridiano sobre la necesidad de que los ciudadanos "deben hacer valer sus derechos", así como que, en la mayoría de incidencias que sufren como consumidores, la responsabilidad es del vendedor", por mucho que éste a menudo trate de eludirla. "Con el paso del tiempo -señalan-, la gente está cada vez más informada, pero aún queda camino por recorrer para que se asuman todos los instrumentos que la Ley les proporciona para su defensa".

A este respecto, ponen de relieve como la reforma de la Ley del Consumidor de 2007 contempla que los expedientes sancionadores pueden incluir una indemnización al consumidor; o la más reciente puesta en marcha de una figura para la resolución de conflictos entre empresas y clientes sin necesidad de acudir a los juzgados. "Existe el mecanismo de la Junta Arbitral de Consumo, totalmente gratuito -apuntan-, que media entre el demandado y el demandante y formula laudos, es decir, acuerdos vinculantes con similar valor que una sentencia judicial".

Al hacer balance de la labor desarrollada el pasado año, como una muestra del mayor nivel de sensibilización, en la OMIC destacan un aumento del 50% en el número de consultas y reclamaciones atendidas, mientras que, por lo que hace al segundo aspecto, logró resolver el 52% de estas demandas. El servicio eléctrico, la telefonía y las garantías ocuparon los tres primeros puestos en cuanto a la naturaleza de las reclamaciones.