Casi 1.500 puntos negros en los barrancos de Santa Cruz

La inversión de 115,5 millones que preveía el estudio de riesgos naturales todavía no se ha hecho efectiva

A. MARTÍNEZ - D. MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El estudio de riesgos naturales de la capital tinerfeña establece cerca de 1.500 puntos negros en los barrancos que surcan el término municipal. De éstos, el de El Bufadero sería, en efecto –como han venido señalando los vecinos de María Jiménez después de los daños padecidos tras el último temporal– el que mayores dificultades presentaría, con 149 puntos negros. Pero no es el único. Muy de cerca, según el mismo estudio, se situaría el cauce de Las Huertas, que presentaría nada menos que 124. Por su parte, la cuenca de Tahodio reúne en su curso un total de 109 enclaves conflictivos. Los problemas detectados responden, en su mayoría, a la insuficiencia de la red de drenaje.

De hecho, el grueso de los puntos negros detectados por el estudio de riesgos se debe a una inadecuada red de drenaje. De los 1.492 que se apuntan, 929 se incluyen por esta causa, mientras que en otros 313 se fijan los acarreos a esta misma red como la base del problema.

Se analizaron también puntos en los que la implantación de elementos en el propio cauce, como edificaciones, vías de paso o un mal diseño de las que lo bordean son culpables del desbordamiento. Es lo que ha ocurrido durante años en El Tablero, con la vía de Los Toscales, que atraviesa el barranco de Las Goteras.

Según las conclusiones del estudio –que salió a la luz pública a principios del año pasado, tal y como en su momento detalló este periódico– sería necesaria una inversión de 115, 5 millones de euros para garantizar con solvencia que se puedan evitar las avenidas en los barrancos chicharreros. Y, aunque es cierto que muchas de las zonas que resultaron más castigadas en las riadas del 31 de marzo de 2002 no sufrieron efectos tan severos el 1 de febrero, no deja de serlo que en otras como, por ejemplo, María Jiménez, el problema dista mucho de estar solucionado. Así, los vecinos del barrio de La Alegría, Valleseco y San Andrés no han visto arrasados sus barrios del modo en que sí los vieron en las riadas de 2002. Esto significa que la mejora de las infraestructuras de las cuencas de La Leña o Almeyda sí han resultado efectivas.

Sin embargo, pese a las actuaciones, las estampas que dejó el temporal en María Jiménez o en la desembocadura del barranco de Santos son, asimismo, muy reveladoras. Los coches volvieron a ser arrastrados, los vecinos de los valles volvieron a quedarse incomunicados y los dueños de los restaurantes que flanquean el cauce de El Bufadero volvieron a nadar en fango. En cuanto al barrio de El Cabo, la iglesia de la Concepción se convirtió de nuevo en un lodazal y el puente de hierro se quedó sin barandilla, arrancada por la fuerza del agua.

En términos generales, de los datos extraídos del informe de riesgos de Santa Cruz se deduce que todavía queda mucho por hacer. Así, la última tormenta no habría venido más que a recordar que las administraciones no han terminado de aprender la lección que dejó el 31 de marzo de 2002. En este sentido, fue el 4 de octubre de ese mismo año cuando la Gerencia de Urbanismo capitalina convocaba el concurso para la asistencia técnica a la elaboración del estudio de riesgos naturales (que finalmente realizó Viatrio Ingenieros). Sin embargo, detectar no es solucionar. Sólo el primer paso.

La historia se repitió en muchos de los puntos negros de la capital tinerfeña aun cuando, además del estudio de riesgos naturales, el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de Tenerife señala como el mayor riesgo natural las lluvias torrenciales. Éstas y los fuertes vientos son los únicos peligros que figuran con el nivel de "muy alto", en una escala en la que les siguen: erupciones volcánicas, olas de calor y sequía , deslizamientos del terreno y avalanchas (nivel alto), terremotos, oleaje en el mar, calimas y desprendimientos (moderado).

Las causas. Las insuficientes acciones de las administraciones, la descoordinación de éstas a la hora de repartirse responsabilidades (barrancos y vías insulares el Cabildo; conducciones y vías no insulares, Ayuntamiento; cauces dentro del recinto portuario, Autoridad Portuaria), la mala planificación, la voracidad del urbanismo y el margen de impredecibilidad del clima son los argumentos más empleados por los vecinos consultados por La Opinión de Tenerife.

Ahora bien, tras el recorrido realizado ayer por este diario a las zonas de mayor riesgo se puede añadir la propia actitud de ciudadanos que, pese a estar advertidos por lo ocurrido en la tragedia de 2002 –8 muertos, 647 viviendas afectadas, más de 2.000 damnificados...–, han seguido arrojando todo tipo de residuos a las quebradas que todavía sobreviven a la acción del cemento.
Las escombreras agudizan el problema

La Opinión

La Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap) ha recordado en un comunicado que a finales de 2006, las empresas de reciclaje de productos de construcción, demolición y desmonte de la Concap propusieron a todos los grupos con representación en el Cabildo la limpieza de las escombreras ilegales de la Isla, muchas de ellas situadas en los márgenes o directamente dentro de los barrancos. Previamente, los técnicos contratados por la Confederación y los empresarios recorrieron la Isla palmo a palmo para realizar un exhaustivo informe que recogía todos los lugares en los que clandestinamente se depositaban los escombros, informe que lógicamente se entregó a los representantes de todas las fuerzas políticas. El coste de la limpieza de las escombreras para la administración insular habría sido cero. En aquel momento, el grupo socialista en el Cabildo hizo suya la propuesta y llevó al pleno insular una moción en la que se pedía que se aceptara la propuesta empresarial de limpiar gratis todas las escombreras ilegales, propuesta que fue denegada aduciendo la ilegalidad de un proyecto que los empresarios habían expuesto a los grupos políticos tanto del Cabildo como del Parlamento de Canarias, "y lo que encontramos fue apoyo y buenas ideas para sacar aquel proyecto adelante porque no debemos olvidar que Tenerife vive del Turismo y la imagen que ofrecen esas escombreras tanto a quienes nos visitan como a quienes aquí vivimos es francamente pésima", manifiesta Juan Luis Lorenzo, presidente de la Concap, que recuerda que, en aquel año "tras el cierre de todas las canteras, las empresas habían pasado de reciclar 17.000 toneladas diarias a un volumen que superaba las 29.500 toneladas al día porque la Confederación tiene en el reciclaje, en mantener la Isla limpia, uno de sus objetivos fundamentales y no olvidemos que esa palabra, fundamentales, viene de fundamento, de hacer las cosas con cabeza". El proyecto no se pudo sacar adelante, las escombreras siguieron existiendo y, siguiendo el refrán que dice que "mal que no mejora, empeora", las escombreras han ido aumentando de tamaño con el consiguiente peligro en el caso de lluvias torrenciales como las sufridas el pasado 1 de febrero "y sus consiguientes avenidas de agua cuya peligrosidad aumenta con el arrastre de esos escombros que, lógicamente, no suelen depositarse en el centro de los pueblos y ciudades, sino más arriba, casi en la cabecera de esos barrancos que luego las arrastran hacia los núcleos urbanos", asegura el presidente de la Concap. "Evidentemente, la fuerza de una tromba de agua de 270 litros por metro cuadrado es inmensa y bien está que se haga todo lo necesario para mejorar el desagüe al mar del agua con el menor riesgo posible, pero no es menos cierto que la desaparición de las escombreras ilegales en la cabecera de los barrancos hubiera paliado y mucho lo vivido el 1 de febrero y la Concap se ofreció a hacerlo gratuitamente… pero no lo permitieron y ahí están las consecuencias", dice Lorenzo.