Urbanismo da la licencia de actividad y obra a Alcampo
La multinacional solicita al TSJC que considere la sentencia como ejecutada
El PSC anunció que ha recurrido el decreto del Ayuntamiento en los Juzgados
HARIDIAN DEL PINO | LA LAGUNA La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna dictó un decreto el pasado 23 de noviembre 
por el que declara legal la galería anexa al centro comercial Alcampo. Así, la corporación resuelve "conceder a la entidad Alcampo SA, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, licencia de actividad y obra mayor para la legalización de las instalaciones y obras ejecutadas de la ampliación de la galería comercial Alcampo".
El paso previo para que Urbanismo pudiera dictar este decreto fue la concesión por parte de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de la licencia comercial específica para la ampliación de la galería a la multinacional. Esto se produjo el pasado mes de agosto tras haber obtenido previamente todos los informes favorables de las distintas administraciones competentes. 
En cuanto a las administraciones que emitieron informes positivos se encontraba el del Ayuntamiento de La Laguna –cuya negativa hubiera paralizado el proceso–, el Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, la Dirección General de Comercio y el Cabildo de Tenerife a través de las áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbanístico y Carreteras.
Expediente sancionador. Un mes después de haberse otorgado la licencia comercial específica a Alcampo, comparecía en comisión parlamentaria el consejero de Comercio, Empleo e Industria, Jorge Rodríguez, para explicar el proceso llevado a cabo para otorgar dicha licencia. En aquella 
comparecencia, Rodríguez aseguró que "la Consejería ha actuado, en todo momento, conforme a derecho, cumpliendo las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a la administración pública ante una solicitud de licencia comercial específica".
Sobre la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 27 de octubre de 2007 ordenando el precinto de la instalación, el consejero afirmó que "el expediente sancionador y de cierre de la galería no ha concluido su vida administrativa".
Debido a que todavía sigue caminando dicha sentencia, la multinacional presentó el pasado 27 de noviembre en el TSJC un escrito para que "declare que este incidente de ejecución carece ya de objeto o, subsidiario de ello, que la sentencia firme recaída en este procedimiento se encuentra ya plenamente ejecutada".
El círculo. Al respecto, el portavoz socialista, Gustavo Matos, explicó que con este decreto "se cierra el círculo que Fernando Clavijo empezó a diseñar durante su etapa como edil de Urbanismo y que ha terminado siendo alcalde". Así, "el círculo lo empezó él mismo dando las licencias comerciales a los locales del interior, poniendo en serio riesgo los intereses del municipio por las posibles indemnizaciones a las que podría enfrentarse el Ayuntamiento, y se ha cerrado con este decreto".
Por esta razón, Matos consideró "demostrado lo que dijimos en su día, que la multinacional francesa y CC se habían puesto de acuerdo, en una reunión secreta para poner en marcha una batería de medidas con la única finalidad de no cumplir la sentencia del TSJC que ilegalizaba las licencias comerciales otorgadas en su momento".
Sin embargo, el primer paso para la legalización de la galería comercial se dio "en agosto con nocturnidad, alevosía y "veraniego", cuando el Gobierno de Canarias concedió a Alcampo la licencia comercial específica, la misma licencia que les habían negado cuatro años antes, a pesar de que la circunstancias comerciales de ahora son peores que las de 2003".
"Pero faltaba el segundo episodio, que es la legalización de las obras, cosa que ocurrió el 23 de noviembre de 2009. Esto demuestra que el alcalde ha mentido durante meses, porque se ha cansado de decir que las obras no eran ilegales y que la sentencia no habla de ilegalidades urbanísticas. Si no eran ilegales no habría hecho falta legalizarlas, es evidente. Este decreto tira por tierra su estrategia de engaño", subrayó.
Además, el portavoz de los socialistas laguneros destacó que "la propia multinacional presentó un escrito al TSJC en el que dice que como ya les han dado la licencia comercial específica y ya tienen legalizadas las obras, pues que ya las sentencias dictadas por el TSJC carecen de ejecutoriedad y virtualmente es un papel mojado", remarcó Matos.
Sin embargo, Matos anunció que "hemos recurrido el decreto ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Cruz".
Fedeco no es la Policía
H.P.
Sobre el decreto dictado en noviembre de 2009 por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, el representante legal de la Federación de Comercio de Tenerife (Fedeco), Carlos Ravelo, recordó que ellos, y a solicitud de la Asociación de Profesionales de la Pequeña y Mediana Empresa de La Laguna (Alapyme), interpusieron un "recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Ayuntamiento de La Laguna que, al final, la Justicia nos dio la razón y las declaró ilegales". Sin 
embargo, destacó que Fedeco "no tiene las funciones de la policía urbanística por lo que, si luego, la Administración, de la misma formación política, ha corrido para otorgarle una licencia a una multinacional como Alcampo, para tratar de legalizar lo que fue declarado ilegal por un tribunal, retrata perfectamente a estas administraciones y, concretamente, a esta formación política".