Un inversor privado quiere reconstruir el teatro Atlante

El coste del proyecto supondría una inversión de más de 15 millones de euros

PEDRO H. MURILLO | LA OROTAVA
El destino del teatro Atlante, en el municipio de La Orotava, puede cambiar de forma radical. Según ha podido saber La Opinión de Tenerife, un inversor privado se ha puesto en contacto con la empresa constructora, Pejomar –propietaria del solar– con el objetivo de negociar un precio de compra.

Fuentes informadas han confirmado la existencia de dicha operación, además de aclarar que se trata de un empresario extranjero, sin que haya transcendido por el momento ni el nombre ni la nacionalidad del potencial comprador del teatro.

Este inversor tendría que desembolsar, al menos, nueve millones de euros; cifra que demanda la empresa Pejomar para desprenderse de los terrenos adquiridos en 2003 a la que habrá que añadir seis millones de euros para la reconstrucción del teatro, por lo que el desembolso global superaría a los 15 millones. Del mismo modo, según señalan las citadas fuentes, la compra del inmueble, en la actualidad en ruinas, responde a un proyecto de rehabilitación del citado anfiteatro orotavense, lo que significaría que el Atlante volvería a convertirse en un espacio cultural de referencia, después de haber sido derribado parcialmente por la empresa Pejomar en 2003.

Incógnita La irrupción de un inversor privado en el denominado caso Atlante ha añadido una nueva incógnita a la ecuación. El principal escollo para la compra y posterior reconstrucción estriba en la actual calificación del suelo. Según se recoge en el Plan Especial del Casco Histórico de La Orotava (PECH), la parcela en donde se levantan las ruinas del Atlante está considerada como suelo dotacional público, una circunstancia que tendrá que ser modificada ya que para la reconstrucción integral del teatro se deberá declarar el suelo como urbanizable con la aprobación plenaria.

Por su parte el responsable del Área de Urbanismo, Narciso Pérez, declino realizar declaraciones con respecto al nuevo cariz que ha tomado el caso Atlante.

Sin embargo, el edil informó que las negociaciones con la empresa Pejomar para acordar un precio de compra por la parcela del teatro es "inexistente". Al respecto, Pérez recordó que las discrepancias entre consistorio y empresa son "insalvables" ya que la constructora pide nueve millones de euros por el solar mientras que el consistorio, tras tasar el terreno, sólo está dispuesto a pagar 1,3 millones.

La única salida que se presenta es la expropiación, lo que supondría un proceso largo y complicado; un aspecto que podría solventarse de confirmarse la compra del solar por parte de un inversor privado con vistas a reconstruir el teatro Atlante.

La existencia de un comprador ha sorprendido al Movimiento Vecinal Atlante que prefirieron mantener una postura cautelosa.

Una puerta abierta a la rehabilitación

De cuajar la operación de compra del Teatro Atlante por un inversor privado para su reconstrucción acontecería una especie de milagro. Esta es la principal percepción que tienen los integrantes del Movimiento Vecinal Atlante que ultiman los actos para celebrar el próximo 10 de marzo el quinto aniversario de la acampada de protesta que evitó el derribo de parte del teatro. El denominado caso Atlante se ha convertido en un ejemplo de cómo la movilización vecinal puede conseguir paralizar un proyecto urbanístico por atentar contra el patrimonio histórico. La actitud militante de los vecinos impidió, el 10 de marzo de 2005, que una pala retroexcavadora de 12 toneladas procediera a culminar las obras de derribo de la fachada del teatro Atlante, un inmueble catalogado como único ejemplo de arquitectura racionalista en el municipio de La Orotava. A pesar de los recursos interpuestos en los juzgados, los vecinos consiguieron ganar todos y cada uno de los juicios por la vía civil y consiguieron que la parcela en la que se ubica el teatro fuera considerada dentro del Plan Especial del Casco Histórico como suelo dotacional público destinado a actividades culturales. En cuanto a la vía penal, tanto el alcalde, Isaac Valencia como el edil, Juan Dóniz, fueron imputados por delitos contra el patrimonio.