Se pierde la posibilidad de tener un hospital público en el sur de Tenerife.

De todos es conocida la escasa o nula intención que tiene la clase política gobernantes en crear una hospital público para la zona sur suroeste de Tenerife, de hecho sólo han puesto trabas ante esta imperiosa e histórica necesidad, con diversas acciones o pronunciamientos, que ha determinado que, casi una década después del debate de la I.L.P. que la ciudadanía llevo al Parlamento Canario, aún no existe nada claro sobre este derecho fundamental de la población. La carrera de obstáculos que ha supuesto el reivindicar un hospital público para esta parte de la isla, se remonta al 1 de diciembre de 1999, cuando se tenía previsto el debate de la I.L.P., que pocos momentos antes de comenzar la sección, los grupos parlamentarios de C.C. y P.P., solicitan a la mesa de dicho parlamento, que se retire del orden del día, que con la mayoría permanente que ostentan desde tiempos pretéritos, consiguen su objetivo, posponiéndose dicho debate para el 12 de enero de 2000, donde se aprueba por unanimidad su toma en consideración, dado que es esas fechas se estaba en precampaña electoral, y una decisión contraria suponía mala prensa, pero con la advertencia de que se presentarían enmiendas al artículo propuesto por la ciudadanía. Sus intencionadas advertencias fructificaron el 28 de junio de 2000, dando lugar a la Ley 4/2000, que en su texto clarifica que no se construirá un hospital público para el sur suroeste de Tenerife, facultando al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, el realizar los conciertos pertinentes con la sanidad privada, para cubrir las necesidades hospitalarias de las personas de la zona. El texto, simple pero perjudicial para los intereses generales, dice: Artículo único.- El Gobierno de Canarias integrará en su planificación sanitaria, promoverá y construirá un complejo hospitalario y socio sanitario que combine la asignación de recursos hospitalarios para la atención de media y larga estancia y de personas mayores necesitadas de cuidados continuados con la asignación de recursos asistenciales propios de la Atención Primaria y Especializada Ambulatoria para la atención de la población de las comarcas sur y suroeste de la isla de Tenerife. Así mismo, garantizará la existencia de un número suficiente, para atender la población de las citadas comarcas sur y suroeste, de camas hospitalarias de segundo nivel para procesos agudos, en centros públicos o concertados integrados en la red hospitalaria de utilización pública. Como aclara la propia Ley, el Gobierno de Canarias sólo promoverá y construirá un complejo hospitalario y socio sanitario, dando por hecho que la atención sanitaria de segundo nivel para procesos de agudos, podrá atenderse en centros concertados, es decir en clínicas u hospitales privados. La ausencia de definir el tipo de gestión a llevar a cabo en estos centros, simples ha sido un enigma, sospechándose que sería privado mediante una concesión a una empresa del sector. Ante tal circunstancia y con la finalidad de quedar bien ante la opinión pública, el PSOE presenta una moción, en el Cabildo Insular de Tenerife, que se debate en sección plenaria del 27 de noviembre de 2006, sonde solicita al Cabildo que inste al Gobierno de Canarias a que los hospitales del norte y sur de Tenerife sean de titularidad pública, cuando nunca se ha cuestionado su titularidad, puesto que se hacen en suelo público y con dinero de los presupuestos de la administración pública, en definitiva que la propiedad es pública, por el momento si no optan por enajenarlo, nada sorprendente visto los antecedentes, pero esta moción deja sin aclarar el tipo de gestión que se aplicaría a estos centros. La gestión de estos centros, es muy apetecible para la sanidad privada, puesto que en ellos se concentra las urgencias comárcales, a saber, todo paciente tiene que remitirse a dichos centros y, una vez allí y estudiada su patología, son derivados al centro correspondiente para su tratamiento, lo que determina que la empresa adjudicataria de la gestión de estos socio sanitarios, podrá establecer quién es cliente y quien es paciente basándose en el criterio de rentabilidad económica, abandonando por completo el criterio de igualdad entre las personas y, que conllevaría a incrementar la descapitalización de la sanidad pública. Como cualquier culebrón, este tampoco parece tener fin y, ahora la rumorología apunta a que ya se ha designado la empresa encargada de llevar la gestión de los centros socio sanitarios del Norte y Sur de Tenerife, en concreto se habla del grupo Hospiten, como no podría ser de otra manera. Dando por finalizada la intencionalidad inicial de no dotar de un hospital público para el sur suroeste de Tenerife. Esta circunstancia podría incrementar la situación, de dificultad jurídica, que ya tiene el Ayuntamiento de Arona, pues al ser la administración local que cedió el terreno a la consejería de Sanidad, para la construcción de un hospital público y, dicha consejería lo destina a otros usos, está en la obligación de solicitar su devolución, o encontrarse en un presunto fraude de Ley, ante el incumplimiento del uso al que fue destinado. Por lo que si el consistorio aronero, cumple con la legalidad y retoma la titularidad del suelo estaríamos al comienzo del proceso y, si no lo hace, independientemente de las consecuencias jurídicas, lo que se construiría en ese solar es una sucursal del holding empresarial de la sanidad privada, realizada con dinero público, descartando cualquier posibilidad de que el sur suroeste de Tenerife tenga un hospital público. Toño Linares