REFLEXIONES EN LA ARENA XXIII
LA CRISIS QUE NO CESA; EL ESTATUTO DE CATALUÑA
Empezó siendo negada por el Presidente del Gobierno Español, José Luís Rodríguez Zapatero, porque “técnicamente, en términos económicos, estamos en Recesión”. Esta era la excusa de Zapatero, pero en la mente de la inmensa mayoría de los españoles estábamos en crisis.
Esta crisis no se generó de un día para otro; tiene unos orígenes y unas consecuencias. Para los primeros, los orígenes, hay remontarse a varias 
décadas atrás, con el “boom” de la construcción, cuando en España el producto más vendido era el ladrillo, en Canarias el “bloque”. Era la época de los poceros. Conste que no tengo nada contra esos profesionales. Me refiero a los seguidores, o mejor dicho a los copiadores, de “El Pocero”, ese constructor que ha levantado una urbanización para 30.000 personas en el Municipio de Seseña (Toledo). Ahora resulta que la inmensa mayoría de las viviendas de esa macro urbanización no tienen suministro ni luz ni de agua, sencillamente porque fueron construidas sin licencia municipal y con la connivencia de los anteriores gobernantes del pueblo, el PP con el apoyo puntual del PSOE.
Pero para que fuera posible aberraciones como estas era necesaria la 
participación necesaria de las entidades financieras. Era la época dorada de “los botines”. Conste que no tengo nada contra ese tipo de calzado. Me refiero a los seguidores, o mejor dicho copiadores, de Emilio Botín, ese banquero que ha amasado una multimillonaria fortuna a costa de préstamos leoninos a empresarios y trabajadores que aspiraban a una vivienda digna o a “4X4” para presumir. Ahora resulta que aquellos préstamos concedidos tan alegremente no pueden ser devueltos y la banca se ha convertido en la mayor empresa inmobiliaria de España, con millones de viviendas embargadas y que nadie pude comprar, por que no tiene dinero porque los bancos no se lo dan. No, no es un trabalenguas. Es la realidad. Estamos en manos de los bancos, que hacen negocios con nuestro 
dinero para que los miembros de sus consejos de administración presuman de beneficios y sigan viajando en aviones privados. Y encima el gobierno les inyecta una porrada de miles de millones de euros. ¡Qué país! ¡Qué gobierno!
Estos son los orígenes, pero las consecuencias son devastadoras: millones de trabajadores sin empleo. Según la última Encuesta de Población Activa, 4.612.700 españoles están parados, que no es lo mismo que quietos, que si no nos comeríamos unos a otros. Es decir, gracias a la economía sumergida muchas familias malviven, porque con 425 euros ya me dirán como se vive. Como no hay dinero no hay casa, no se pueden pagar las hipotecas y si no se 
pagan se pierden y se las quedan los banqueros y los inmobiliarios.
¿De quién es la culpa? “Del Gobierno”, diría el Partido Popular. Sí, pero se olvida que ellos también han gobernado y que los poceros y los botines camparon a sus anchas durante sus ocho años de gobierno.
No, la culpa es del “Sistema”, del Capitalismo salvaje y sus políticas neoliberales que son incompatibles e irreconciliables con los derechos de los trabajadores, la sostenibilidad medioambiental y el bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Porque lo que está realmente en crisis es el Capitalismo, que en siglos de existencia ha sido incapaz de acabar con las desigualdades sociales. Es más, son las desigualdades sociales la razón de su existencia, porque cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
Casi toda España, y sobre todo más de cinco millones de catalanes, están pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Vayamos por partes. El Estatuto de Cataluña fue aprobado en el Parlamento Catalán el 30 de septiembre de 2005 con el voto favorable de todos los partidos, excepto el PP. Posteriormente fue enviado a Madrid donde también fue aprobado en el Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 2006, y en el Senado, el 10 de mayo de 2006, en ambos casos con el voto en contra del PP. Y finalmente, el Estatuto fue aprobado en referéndum, el 18 de junio de 2006, con el voto en contra del PP. No contento con estas aprobaciones, el PP presentó un Recurso de Inconstitucionalidad el 31 de julio de 2006, básicamente alegando que Cataluña no es una Nación, que no tiene derecho a una fiscalidad ni a un sistema judicial propios.
Para que nos entendamos, el Estatuto de Cataluña es una Ley Orgánica, que desarrolla directamente preceptos establecidos en la Constitución Española. Esta ley está vigente desde hace cuatro años, los mismos que lleva el Tribunal Constitucional estudiando la inconstitucionalidad planteada por el PP. Es decir, una ley que pasó por todos “los filtros” legales aún está pendiente del dictamen de los miembros del tribunal.
¿Pero qué pasa con y en el Tribunal Constitucional? El TC está formado por doce jueces: cuatro elegidos por el Congreso de los Diputados, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Uno de sus miembros falleció en 2008 y para cuatro ha caducado su mandato. Es decir, cinco cargos no han sido renovados por el desacuerdo del PSOE y del PP. Y ahí están trabadas y empantanadas sus señorías entre sus simpatías conservadoras y/o progresistas, mientras la vida continúa en Cataluña regida por una ley que se desarrolla desde hace cuatro años. ¡Qué Justicia!
una semana: revise sus planteamientos técnicos. De papanatas, no, sino de racistas y xenófobos hay que calificar al PP de Badalona por sus panfletos contra la comunidad rumana de esa ciudad.