REFLEXIONES EN LA ARENA XLIX.
LOS CONTROLADORES AEREOS Y LA CONSTITUCION.
Once de la mañana del viernes, 3 de diciembre de 2010, se reúne el Consejo de Ministro del Gobierno de España para, entre otros asuntos, aprobar la privatización del 49% de la gestión del servicio de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y una nueva regulación de la jornada laboral de los Controladores Aéreos. La repuesta inmediata vino de los Controladores Aéreos en forma de una “huelga salvaje” que supone que el 60% de su plantilla abandone sus puestos de trabajo o no se presente a trabajar. Consecuencia: el espacio aéreo español queda cerrado y miles de pasajeros se quedan en tierra en los aeropuertos.
Esta es la crónica de una “guerra” anunciada desde hacía tiempo. Los controladores aéreos se regulan por un convenio laboral firmado en enero de 1999, durante el gobierno de José María Aznar. La vigencia de dicho convenio finalizó el 31 de diciembre de 2004, hace seis años, y desde entonces, Gobierno del PSOE, AENA y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han sido incapaces de firmar un nuevo convenio. Por lo tanto, el convenio se ha venido prorrogando anualmente.
Los controladores aéreos tienen un sueldo base de 175.000 euros anuales, que con la suma de horas extras pueden alcanzar unos ingresos de 334.000 euros. Unas cantidades escandalosas, sí, pero que están reguladas legalmente en un convenio ya caducado, pero prorrogado. Esto debe quedar claro porque el gobierno se ha cuidado mucho de hablar de “trabajadores privilegiados” para ocultar su incompetencia negociadora y, sobre todo, para justificar ante la opinión pública la privatización del servicio.
La plantilla de controladores es de 2.400 que se distribuyen por los 59 aeropuertos civiles del territorio nacional, trabajando unas 1.200 horas anuales más una media de 500 horas extras. Un controlador aéreo tiene que ser Licenciado o Diplomado universitario, hablar inglés correctamente y pasar unas oposiciones que consisten en un examen escrito, otro psicotécnico y una entrevista personal y posteriormente un periodo de formación de 18 meses. Un controlador aéreo es tan importante, o más, que un médico o un juez e, incluso, que el Presidente del Gobierno, pues de su trabajo depende la seguridad de miles de pasajeros que diariamente cruzan el espacio aéreo español.
Dicho esto, repito que la “huelga salvaje” de los controladores ha sido un pulso al Estado. Creo que se equivocaron en la forma, pues en la defensa legítima de sus derechos laborales conculcaron, también, los derechos de miles de ciudadanos y de importantes sectores económicos y empresariales. Sin embargo, a una actitud desproporcionada de los controladores, el gobierno respondió con más desproporción aún: decretar el “estado de alarma”. Es decir, para un problema laboral, civil, aplica una solución militar. Por primera vez, y espero que sea la última, en democracia se declara el estado de alarma. Al gobierno no se le ha ocurrido declarar el estado de alarma por la crisis económica, no se le ha ocurrido enviar al ejército a “controlar” a los banqueros y a los especuladores inmobiliarios. No, a esos los deja tranquilitos y amasando más dinero.
El 6 de diciembre, la Constitución Española cumplió 32 años. Desde hace años ése día es festivo y se celebra con actos institucionales a donde acuden políticos y personalidades varias de la sociedad española a escuchar discursos repetitivos e insulsos.
La Constitución Española es una de las más progresistas de Europa, en su redacción se implicaron todos los partidos políticos, aunque no todos la votaron favorablemente en referéndum, como fue el caso del Partido Nacionalista Vasco o de Alianza Popular. El Libro de Sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado está lleno de intervenciones muy jugosas de algunos políticos aún en activo que ahora presumen de ella, pero que hace treinta y dos años cuestionaban algunos de los derechos constitucionales o el estado de las autonomías. Lo cierto es que ha habido mucho camaleonismo.
Las todas las leyes se aprueban para cumplirse por todos: gobernantes y gobernados. Pero para cumplirlas hay que poner los medios necesarios, y eso es obligación del Estado, es decir, gobierno central, autonómico y municipal. A menudo ocurre que quienes tienen la obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, resulta que son la que diariamente no solo la incumplen sino que la pisotean. Por ejemplo:
El artículo 35 establece el deber y el derecho de trabajar. Pero en España hay cuatro millones y medio de parados, y al gobierno del PSOE se le ocurre la idea de liberalizar el mercado de trabajo, facilitando, aún más, el despido libre.
El artículo 41 establece la protección a los desempleados. Sin embargo, el gobierno del PSOE ha anunciado que a partir del próximo año se suprimirá la ayuda de 426 euros para los trabajadores que hayan agotado las prestaciones por desempleo.
El artículo 47 establece el derecho a una vivienda digna. Pero resulta que ya son más de 300.000 familias que han perdido sus viviendas porque no han podido pagar sus hipotecas, convirtiendo a los bancos en las mayores 
empresas inmobiliarias de España.
Ante esta situación, y ante la sumisión del Estado a los poderes fácticos, a los banqueros y a los especuladores inmobiliarios, lo más coherentes sería cambiar el apartado 2º del artículo 1º de la Constitución porque la soberanía nacional ya no reside en el pueblo, sino en los bancos y en el Fondo Monetario Internacional. Una cosa es la crisis económica y otra bien distinta es que el gobierno del PSOE haga dejación de sus obligaciones con los ciudadanos españoles y, especialmente, con los más débiles, con los trabajadores y clases populares, que son las auténticas víctimas de esta crisis y los que la están pagando.
El Papanata de esta semana, vuelve a ser el Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero, que entiende que “lo preocupante de los papeles de Wikileaks no es el contenido, sino que se publiquen”. Es decir, no le preocupa que se hayan cometido presuntos delitos sino que sean conocidos. Esto lo dice el “campeón de la transparencia y de la tolerancia”. ¡Quién te ha visto y quién te ve, ZP!