La Fiscalía de la Audiencia Provincial investiga al alcalde de Los Realejos por la presunta concesión ilegal de una licencia como bar a un restaurante

Los técnicos del Ayuntamiento y el Cabildo no han actuado con contundencia

EDDC.NET | SANTA CRUZ DE TENERIFE                            

Esta historia puede traer cola. Lleva tiempo enquistada en el corazón urbanístico del municipio de Los Realejos y si se llega hasta el final puede suponer la tumba política del alcalde nacionalista Oswaldo Amaro, aunque en este caso, le puede acompañar una ex edil socialista, que era la que concedía en su momento las licencias. Y todo gracias al tesón de un vecino que ha luchado sólo contra viento y marea y le ha puesto lo que hay que poner al Ayuntamiento y el Cabildo, que no han movido un dedo ante las numerosas y presuntas ilegalidades que adornan este caso, aunque es justo decir, que siempre ha contado por lo menos con la paciente comprensión del presidente del PP de Los Realejos, Manuel Domínguez, que ha seguido este caso con enorme interés.

Un caso complejo que tiene dos partes. Una administrativa de la que nos ocuparemos en otro momento, pero que es demoledora y una penal, que es la que aquí señalamos y que se abrió después de una demoledora sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de los de Santa Cruz de Tenerife. Y el caso penal ha llegado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial a través de una comparecencia, 51/10, del afectado que ha derivado en unas diligencias de investigación para determinar si se abre o no procedimiento penal en un juzgado ordinario contra el alcalde nacionalista.

La denuncia interpuesta ante Fiscalía, después de años de batalla contra el alcalde y todo aquel que tenga que ver con la concesión de licencias urbanísticas a cuenta de una otorgada a D.M.A.D, propietaria del establecimiento El Pino. Y se interpone porque, “la concesión se otorga para ser un bar y ejerce realmente como restaurante y en el proyecto del bar los cerramientos de la terraza aparecen como un muro cuando en realidad no existe el mismo, dado que no podría ser así al encontrarnos en suelo rústico donde no está permitido este tipo de construcciones”. A su vez se hacen actividades en este negocio con “gas doméstico y en el proyecto no se recogen una escalera de acceso a la segunda planta y una puerta de acceso a la parte trasera, dos elementos que se encuentran en el establecimiento en realidad”.

Lo asombroso es que el denunciante ha puesto en conocimiento del alcalde y del concejal de Urbanismo estos hechos y no “recibió ningún tipo de respuesta y también habló con un ingeniero del Cabildo, Orlando Pérez, el cual le manifestó que haría un escrito al Ayuntamiento, lo que no se ha llevado a cabo”.

En la citada comparecencia surge una cuestión por lo menos paradójica, porque a quien afecta es una política socialista a la que no se le suponía cualquier comportamiento como el que se denuncia ante Fiscalía y que supuestamente se enfrentó al alcalde por no tolerar este tipo de conductas y que motivó la ruptura del pacto entre CC y PSC-PSOE. Pero ahí está: “la concejala que concede las licencias, María José, cuyos demás datos obran en el expediente, es compañera de partido (PSOE), lo cual hace ver que está recibiendo trato de favor. Parte de la prueba aportada es la existencia de un procedimiento judicial, un contencioso administrativo, entre las partes donde incluso se llevó a cabo la rotura de un precinto, habiendo llegado a hacer obras en un terreno que no era de su propiedad”.

La denuncia ahonda más en todo este asunto que le puede complicar la existencia al alcalde, ya que, “la motivación principal por la que se denuncia estos hechos es por los ruidos y molestias que ocasiona este local. En su día ya se denunció que este establecimiento se abrió sin licencia, llegando a ordenar el juzgado contencioso administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife el cierre del local, a partir de estos hechos es cuando comienzan las licencias supuestamente ilegales”.

Y concluye con que “anteriormente a estos hechos relatados en la comparecencia, en la construcción del edificio donde hoy radica el local, ya existieron expedientes administrativos por denuncias interpuestas, dado que no se habían respetado los plazos de prescripción de cuatro años por los que una construcción legal puede obtener una licencia”.