Esta es la realidad en Canarias. IUC

Izquierda Unida Canaria ha divulgado un comunicado en el que le pide al presidente autonómico, Paulino Rivero, que exija al Gobierno central un plan contundente contra el fraude fiscal en Canarias. Para la formación de izquierdas, es un escándalo que la economía sumergida del Archipiélago mueva al año 11.653 millones de euros, el 28.7% del PIB regional, lo cual supone dejar de ingresar más de 3.000 millones de euros anuales en impuestos. El Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha afirma que, con un plan eficaz contra el fraude, la Agencia Tributaria podría recaudar 1.530 millones de euros en Canarias.

Sólo con hacer aflorar el 64% de los alquileres no declarados que hay en Canarias, afirma IUC, se podrían evitar los recortes presupuestarios canarios en Educación y Sanidad para 2010. Y, para ello, basta con exigir a las empresas de agua y electricidad que faciliten los consumos a Hacienda. IUC tiene muy claro que hay recursos en Canarias para mantener el gasto público social, para mejorarlo y para crear más empleo público. Lo que no hay es voluntad política de recaudar los recursos necesarios. El gobierno de Canarias no exige a Madrid un plan contra el fraude porque eso toca privilegios económicos de los titiriteros que les mueven.

En realidad, según IUC, en vez de recaudar más y repartir mejor, el presidente Paulino Rivero propone socavar la negociación colectiva, apostar por la contratación temporal y a tiempo parcial y, además, insinúa que deberían recortarse los salarios en el sector público. Tales propuestas, efectuadas por Rivero ante los empresarios, el pasado lunes, sólo sirven para deteriorar aún más las condiciones laborales de la comunidad autónoma en que se cobran los salarios más bajos. Pero para Rivero aún no son lo suficientemente bajos.