El STAP-Canarias descubre el ‘juego sucio’ del alcalde de Los Realejos, Oswaldo Amaro, al dejar sin efecto el acuerdo plenario con los funcionarios

Usó a la consejería de Presidencia para anular todos los derechos que habían conseguido

EDDC.NET | SANTA CRUZ DE TENERIFE    

El alcalde de Los Realejos Oswaldo Amaro Luis, le toma el pelo a los empleados municipales y a la Policía Local, al tenerlos negociando un Acuerdo desde hace años, y tras aprobarlo mediante difíciles y austeras medidas de compensación a sus cada vez más exigencias al servicio y consecución de objetivos, hecho bajo supervisión de sus técnicos y de la corporación mediante Acuerdo Plenario, luego llegan sus socios de gobierno de la Comunidad Autónoma, y plantea un recurso contencioso sin mediar palabra ni comunicación con las partes interesadas, ni mediante ningún requerimiento o mediación extrajudicial como posibilidad que recoge esa misma norma a la que se refieren a impugnar, y trata de bloquear los actuales acuerdos de mejora y compensación a los servicios y objetivos marcados o que suponen un esfuerzo mayor al hacerse en situaciones especiales o fuera de la jornada normal de trabajo.

Con esta acción soterrada y llevada al juzgado por la Comunidad Autónoma contra los intereses de las mínimas mejoras del grueso de funcionarios de este Ayuntamiento y no hacerlo sobre los otros tantos Acuerdos y Convenios de la región canaria se demuestra una evidente complicidad entre este Alcalde rencoroso y sus colegas regionales, prestos a facilitarle su gabinete jurídico para salvar su maquiavelo plan de tumbar toda mejora sobre los empleados públicos, y lo hacen cuestionando arbitrariamente una norma superior como es el Estatuto Básico del Empleado Público y toda la materia objeto de negociación contenida en su art. 37 y 38, la cual cuestionan y delimitan como si no existiera o fuese de inexistente aplicación, demostrando así el continuo caciquismo que esta fuerza política practica sobre una norma que no aceptan ni consideran conveniente a sus intereses y que no son los de dichos empleados.

Si a esto añadimos la celeridad del gobierno autónomo en gestionar con escandalosa celeridad este contencioso premeditado, donde sabemos que algún técnico que dio el visto bueno a dicho Acuerdo municipal es también colaborador y participe de la interpretación y aplicación del citado texto legal, el escándalo está servido, pues suponemos que informó favorable lo que luego cuestionó mediante función pública. Y ahora el asunto está visto para juicio el próximo mes, sin posibilidad de participar quienes tengan interés en la causa como son las organizaciones sindicales participantes o cualquier otra persona interesada, dando así otra patada a la democracia y a los derechos de participación.

Aprovechando esta rocambolesca situación, el alcalde con la picardía que le caracteriza, reúne a los sindicatos y les dice que sintiéndolo mucho y ajeno a su voluntad debe proponer el paralizar el acuerdo para en caso de perder el juicio, no tener que exigir devolver dinero por haber trabajado y según él cobrado indebidamente, dando por hecho que perderá su propio y aprobado con los técnicos oportunos, trabajado acto administrativo y sin ánimo e intención de defenderlo como es debido porque entre otras razones no le interesa.

Si a esta negligente acción añadimos la planteada y de inminente aplicación por parte del gobierno central sobre el recorte a los empleados públicos, el colectivo de trabajadores municipales de los Realejos quedará en una posición de precariedad absoluta, donde los funcionarios y especialmente los policías trabajarán más y harán más horas extraordinarias y servicios especiales con la intención puesta por el Sr. Alcalde de que lo hagan gratis o a mínima compensación. Pero además se les restará del salario neto mensual el 5% ya acordado, y que reducirá todavía más su sueldo en franca contradicción con las retribuciones de los técnicos, asesores y altos cargos del gobierno municipal que cobran además de sus abultados sueldos, una productividad periódica muy generosa, dada por voluntad y decisión del mismo Alcalde que trata de marginar al resto, y curiosamente lo hace con los mismos principios de ilegalidad con los que plantea función pública su reclamación sobre los restantes empleados en aplicación del Acuerdo recurrido, de ahí la burlona desigualdad entre clases, donde para determinados niveles de funcionarios y status, dichas normas y recortes no son de aplicación y para los demás niveles y desfavorecidos sí.

Ante esta situación de absoluta desigualdad, incompetencia, oscurantismo e injusticia sobre los derechos de los empleados, la negociación sindical y las condiciones en que trata de dejar al que no verá recompensado bajo ningún concepto su exceso de trabajo o especial rendimiento, responsabilidad y dedicación, este sindicato baraja establecer un calendario de protestas y otras acciones, incluyendo las que judicialmente correspondan por posibles ilícitos al entender que se resuelven actos a sabiendas de su ilegalidad.