El juez investiga al nuevo concejal de Urbanismo de Arrecife
CASO UNIÓN / DIMÁS MARTÍN ASEGURA QUE PEDRO DE ARMAS (PNL) DESVIÓ 780.000 EUROS DE INALSA
El juez del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, investiga desde abril al nuevo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas San Ginés, presidente del Comité Local del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), aliado regional de Nueva Canarias, por un presunto delito de "estafa o malversación de caudales públicos" durante la etapa del político nacionalista al frente de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, SA (1999-2004).
En un auto del 27 de abril de este año, el juez pide a la Agencia Tributaria toda la información disponible sobre las operaciones realizadas desde 1999 hasta la fecha entre Inalsa y dos presuntas empresas tapadera, Transportes Salao Naoz y Grupo de Empresas Salao e Hijos, ante los "indicios suficientes de la existencia de un delito de estafa o malversación de caudales públicos y falsedad documental por la cual Pedro de Armas San Ginés, antiguo consejero de Inalsa, había obtenido o detraído de sus arcas más de 130 millones de las antiguas pesetas [780.000 euros] a través del mecanismo de facturas falsas".
La decisión del juez de investigar a De Armas San Ginés se toma a raíz de los pinchazos telefónicos que la Guardia Civil realiza al líder fundador del PIL y uno de los principales encartados en el caso Unión, Dimas Martín. El interés inusitado del ex presidente del Cabildo de Lanzarote por la futura venta parcial -un 30%- de la empresa pública dirigida por la pilista Plácida Guerra Cabrera, lleva a Dimas Martín a desvelar la presunta estafa de Pedro de Armas San Ginés, e incluso pide a la consejera delegada que obtenga datos que incriminen a su rival político del PNL.
El interés de Dimas Martín alcanza tal grado que contacta con el administrador de hecho de las dos presuntas mercantiles tapadera. De nombre Marcial y conocido por el salao en la Isla, el empresario reconoce a Dimas Martín en una conversación grabada que utilizó sus empresas para simular la facturación de esos 780.000 euros. El 3 de abril de este año, el propio Marcial confiesa a Dimas Martín que la facturación fraudulenta "fue para hacerle un favor a Pedro de Armas San Ginés".
Es por ello que el juez instructor solicita al Fisco el modelo 347 -
operaciones con terceros por importes superiores a 3.000 euros- de las empresas implicadas, al objeto de aclarar si las facturaciones ilegales se hicieron a nombre de Inalsa o de alguna de sus empresas subcontratadas, como Inima o Aguas Filtradas.
Es más, en el auto de referencia, el magistrado reclama la información al Fisco a fin de averiguar si las operaciones a las que alude Marcial el salao "fueron consecuencia de actos ordinarios de comercio o claramente simuladas para obtener un enriquecimiento ilícito de las que la sra. Guerra y el sr. Martín tienen conocimiento".
Una venta parcial frustrada
El interés de Dimas Martín en Inalsa, para lo cual contacta en innumerables ocasiones con Plácida Guerra, se centra en la venta de un 30% de su accionariado a capital privado. El PIL llegó a plantear al PSOE el jueves previo al estallido del caso Unión la venta de Inalsa. Los socalistas se negaron en rotundo y siguieron apostando por la vía de la concursal.
Con la ruptura del pacto PSOE-PIL en el Cabildo y la moción de censura que llevó a la presidencia a Pedro San Ginés (CC) en un pacto de todos los partidos contra los socialistas, el juez de lo Mercantil, Tomás Martín, decidió retirar todas las atribuciones al Consejo de Administración de Inalsa, ante la inestabilidad política de la Corporación.