El Gobierno resta 10 millones a Sanidad y Educación para pagar otra sentencia

Se trata del fallo de Montaña Rayada, en el municipio majorero de Pájara. La Administración deberá desembolsar en total más de 33,1 millones de euros, para lo que el mes pasado, en Consejo de Gobierno, el Ejecutivo aprobó los recortes en todos sus departamentos. Más de un tercio recayó en las áreas sociales.

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

El Gobierno autónomo debe enfrentar "ya mismo" el pago de una sentencia definitiva, pronunciada por el Tribunal Supremo, referida al juicio de Montaña Rayada, en el municipio majorero de Pájara. En 1991, la empresa Montaña Rayada SA inició un recurso contencioso administrativo porque sus terrenos situados en esa localidad en Jandía, cerca de la playa Los Gorriones, en lo que hoy forma parte del espacio natural, pasaron de ser urbanizables a rústicos, lo que la perjudicaba.

La cuantía completa del fallo asciende a unos 29,4 millones de euros, pero con los intereses acumulados la cifra supera ya los 33,1 millones. Para pagar la indemnización, el Consejo de Gobierno del 23 de septiembre aprobó los recortes en todas las consejerías y la Radiotelevisión Canaria (RTVC) para reunir el dinero.

Así lo informó ayer el portavoz socialista, Santiago Pérez, quien explicó que la mayor parte de las disminuciones presupuestarias se las llevan las partidas sociales, que el Gobierno ha asegurado en reiteradas ocasiones, al explicar su proyecto de las cuentas autonómicas para 2010, que son las "prioritarias".

El Servicio Canario de Salud es el que más perdió para pagar este fallo (más de 5,9 millones), seguido por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (casi 4,5 millones); el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (casi tres millones); Obras Públicas y Transportes (otro tanto) y Bienestar Social, Juventud y Vivienda (unos 2,5 millones), y así hasta completar los 33,1 millones.

"Ahora lo que toca es pagar una sentencia por una decisión que se tomó hace dos décadas", aclaró el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, en respuesta a las críticas del Grupo Socialista sobre los recortes efectuados en el proyecto presupuestario para 2010.

Como ninguna consejería puede hacer frente por sí sola a sentencias de esta envergadura, explicó el consejero, es Economía y Hacienda, liderada por José Manuel Soria, quien asigna los recortes para cada departamento. Luego, cada consejero se encarga de ver cómo encaja la disminución.

Acusaciones

Mientras que el Partido Socialista Canario (PSC) criticó que los hechos que originaron esta condena a la Comunidad Autónoma se produjeron durante la presidencia de Lorenzo Olarte, Berriel recordó que la Ley de Espacios Naturales, que junto al planeamiento de Pájara "son los fundamentos" del fallo, se aprobó bajo la presidencia de Jerónimo Saavedra.

Berriel explica que los hechos se remontan a más de hace 20 años. Con la normativa anterior, cuando se desclasificaba un suelo procedía una indemnización. El Plan General de Pájara, de principios de los años 80, desclasificó el suelo en concordancia con lo establecido en la Ley de Espacios Naturales.

Tras recibir el carácter de espacio natural era imposible volver a otorgar a las parcelas de la empresa la calificación de urbanizable, por lo que sus propietarios pidieron una indemnización. La situación, explica Berriel, era "previsible", pero en los años 80, el planeamiento entendió que las indemnizaciones derivadas de la Ley de Espacios Naturales "se valoraban muy poco y había poca gente que reclamara", por lo que la Administración consideró que los valores en discusión eran "asumibles".

Además, "se entendía que los reclamantes no tenían el derecho, pero luego los tribunales se los reconocieron", añadió.