El caso 'enchufes'
EL ROSARIO
El interventor detecta que "la gran mayoría" de contratos son ilegales
Vicente Pérez
Santa Cruz de Tenerife
La Intervención del Ayuntamiento de El Rosario ha advertido irregularidades en las contrataciones de personal laboral realizadas por el gobierno que preside el alcalde, Macario Benítez (PSOE). En un informe fechado el 28 de julio del año pasado, el interventor, Pedro Díaz, concluye que "los criterios" fijados en la legislación vigente "no se han cumplido en el acceso de la gran mayoría del personal laboral que presta sus servicios en esta corporación".
En concreto, el funcionario considera que no se han cumplido "los principios de mérito y capacidad, que pueden entenderse igualmente válidos para cualquier persona, [...] sea funcionario o laboral, que pretenda acceder con carácter permanente a la función pública". Igualmente, enfatiza que "si con el artículo 103 de nuestra Carta Magna no fuera suficiente [...] para entender que en el acceso a la Administración [...] deben respetarse una serie de principios mínimos, sin duda la cuestión queda totalmente aclarada [...] con la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público", según la cual "todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales" referidos. El informe detalla que el Ayuntamiento debe seleccionar a su personal cumpliendo los requisitos de publicidad de las convocatorias y sus bases; transparencia; e imparcialidad, profesionalidad, independencia y discrecionalidad de los órganos de selección, entre otros criterios.
El interventor subraya, además, que "en el caso de las nuevas contrataciones de personal, no han sido fiscalizados los actos que han dado origen a las órdenes de pago [de las nóminas], con lo que el expediente queda paralizado hasta que los defectos observados sean subsanados por resolución de la Alcaldía".
Observa igualmente el informe que las contrataciones de carácter temporal, "en su mayoría a través de contratos para obra o servicio determinado o por circunstancia de la producción [...] podrían suponer una vulneración [...] de la Ley de Presupuestos del Estado para 2008, sin que esta Intervención tenga claro si este tipo de contrataciones se encuentran en el supuesto de casos excepcionales y necesidades urgentes e inaplazables". "Pero lo que es claro", repara el funcionario, "es que no existe motivación en absoluto en los expediente de contratación (que por otro lado nunca se han entregado previamente a esta intervención) para realizar una fiscalización previa".
Este pronunciamiento de la Intervención del Ayuntamiento cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que en julio de este año la Fiscalía Provincial notificó que ha formulado denuncia ante los Juzgados contra el grupo gobernante por la contratación a dedo de trabajadores vinculados directamente con el PSOE. En concreto, en la denuncia que dio pie a esta actuación de la Fiscalía, el concejal de Coalición Canaria (CC) José Luis Arregui menciona hasta 26 contratados de esta forma: 7 candidatos, 3 ex concejales, dos ediles, un consejero del Cabildo, 8 interventores o apoderados y dos dirigentes de la Ejecutiva local; además de una familiar del alcalde y otra de la concejal de Fiestas.
Una veintena de estos empleados pidieron el martes día de asuntos propios y acudieron al Pleno municipal con pancartas para reprochar a Arregui su denuncia e increparle al terminar la sesión. Varios de ellos llegaron a insultar al edil de CC con alusiones a su origen peninsular.