El alcalde de arona autorizó el pago de varias facturas infladas

Los policías citan su "posible connivencia" para aumentar pagos "de manera fraudulenta"

BLANCA SALAZAR | ARONA

Entre los distintos y variados presuntos delitos vinculados al manejo irregular de los fondos públicos del Ayuntamiento aronero, las escuchas telefónicas y la investigación policial realizadas a los políticos imputados en el marco del conocido como caso Arona ha sacado a relucir no sólo que el alcalde del municipio, José Alberto González Reverón, autorizó el pago con dinero público de varias facturas infladas, sino que, además, ha destapado "la posible connivencia entre él y varios empresarios a la hora de incrementar de manera fraudulenta la cantidad real de trabajos o servicios" prestados al consistorio.

Como agravante de los supuestos fraudes de dinero público localizados a través de dicha investigación, destaca que algunas de esas facturas irregulares beneficiarían a un primo del alcalde, político que empezó imputado por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio y que, tras las citadas escuchas telefónicas, ha acabado imputado también por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Sobre el citado pago irregular de facturas, los informes de la policía judicial de la Guardia Civil aluden por ejemplo a Sound Black, la cual realiza trabajos de sonido para el Ayuntamiento aronero.

A través de mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos intercambiados entre el titular de esa empresa (Juan Pedro Barrios) y el primer edil, los agentes detectaron un incremento inicial de 7.500 euros sobre el presupuesto original de ese servicio prestado para la actividad Estivalia.

El mismo mes que se interceptó ese mensaje (julio de 2008), "Juan Pedro de sonido" envió al alcalde varios mensajes a raíz de los que él y el primer edil conciertan una reunión para buscar una solución al pago de 36.000 euros que ese empresario tiene pendientes de cobro del festival Aguaviva 2005 (celebrado hacía tres años).

Asimismo, los agentes encargados de la investigación detectaron otra irregularidad en materia de contratación de servicios públicos en función de la información que facilita el responsable de dicha empresa al alcalde sobre el problema que se le presenta al no poder exceder de 18.000 euros de facturación anual, y "dos de sus tres empresas ya van a superar esa cifra", información que delata que el alcalde es conocedor y connive con triquiñuelas encaminadas a eludir el tope económico que permite la legislación en los contratos a dedo.
 

Por otra parte, y a raíz de la insistencia del alcalde en relación a la adjudicación de las obras del nuevo edificio del Ayuntamiento, su cargo de confianza Carmelo García le dice en un mensaje (sms) que le ha explicado "mil veces que tenemos que esperar a la nueva ley para contratar por lo máximo la dirección de obra a J.A. Muñoz, se le debe mucho dinero y esta es la fórmula para compensar. En mayo comienza la obra". Los investigadores deducen que esa obra será adjudicada a J.A. Muñoz "con una sobre valoración del coste verdadero de la misma para compensar a dicho empresario".