La ONU pide a España revisar la incomunicación de detenidos
(AFP) –GINEBRA — El Comité contra la Tortura de la ONU planteó a España cambiar el régimen de incomunicación de los detenidos por actos de terrorismo, según una resolución conocida este viernes en Ginebra.
España debe "revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a escoger un abogado de su elección, a ser visitado por un médico de elección y a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, la detención y el lugar", señala el dictamen.
El Comité estimó que el actual sistema de detención "vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura", insistiendo que cualquier detenido pueda "entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido aún cuando éste sea un abogado de oficio)", explica el documento.
El Comité fue aún más lejos y exhortó a España a que las grabaciones en vídeo que se practican en los lugares de detención "cubran todas las dependencias policiales del país y que se instale en las celdas y sala de interrogación y no se limite a las áreas comunes".
Integrado por diez expertos independientes, este Comité vigila el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura, examinando cada cuatro años el respeto de la misma en los países que la han ratificado, actualmente 146 Estados.
En esta ocasión, le recordó a España que dicha Convención "prohíbe la invocación como prueba de las declaraciones hechas como resultado de tortura - en los casos en los cuales, lamentablemente, se permiten interrogatorios en sede policial de los detenidos sin abogado de elección o donde se impide al abogado entrevistarse de forma privada con el detenido".
El Comité criticó a España sobre los datos de casos de tortura ocurridos en centros penitenciarios.
Por otra parte, el Comité acogió con beneplácito "la adopción de la Ley de Memoria Histórica (...) por la que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, incluso el derecho a obtener una declaración de reparación".