EL GOBIERNO INTENTÓ PARAR TEBETO CUANDO NO HABÍA OPCIONES

Las mentiras de Ruano

El escándalo de Tebeto entra en una nueva fase. Después de que CC y PP señalaran a los socialistas Francisca Luengo y al ya fallecido Andrés Calvo como responsables políticos del desaguisado, la estrategia va dirigida ahora contra la sentencia judicial que condenó a la Comunidad Autónoma a pagar los 101 millones de euros por los que ya va la indemnización a Rafael Bittini, de Cabo Verde, S.A. De Luengo y de Calvo dijeron cosas grandiosas cuando se conoció la sentencia, como que una resolución de 1993 dando por caducada una autorización de investigación minera sobre la montaña de Tebeto era el origen de todos los males. Pero nada sustenta tan extravagante afirmación. Muy al contrario, el expediente, la sentencia del TSJC, el recurso de casación ante el Supremo y la reciente valoración de la cantera hecha por el Ejecutivo, contradicen aquellas tesis. Pero metido a sacudirse las responsabilidades, el Gobierno ha mandado a Ruano a mentir, o a ocultar la mitad de la verdad: la culpa es del tribunal, que no nos dejó presentar pleito a prueba, es decir, una tasación que contradijera la que hizo el ingeniero de minas Antonio López, tío carnal de los hermanos Soria López.

NI RECURRIERON EL AUTO DENEGANDO LAS PRETENSIONES DEL GOBIERNO

No presentaron ni un solo documento

El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 11 de junio de 2008 que presentó Ruano el viernes existe, y en él, efectivamente, la Justicia le dice al Gobierno que no ha lugar a sus pretensiones de recibimiento de juicio a prueba, es decir, que se contradijera la cuantía y las valoraciones que para tal cuantía presentaba Bittini por Tebeto. Pero la Comunidad Autónoma, en su contestación a la demanda de Cabo Verde S.A., no presentó un solo documento, ni remitió a la Sala a alguno que obrara en el expediente administrativo que pudiera contradecir la valoración y las pretensiones del empresario. Eso lo ocultó el viernes Ruano, como ocultó el nada despreciable dato de que la Comunidad Autónoma no recurrió ese auto judicial. Es más, en su recurso de casación ante el Supremo, el Gobierno no alega indefensión por el rechazo de ese trámite, sino infracción de ley, en concreto de la del Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común.

POCO PODÍA ALEGAR EL GOBIERNO

Habían admitido la tasación de Bittini en 2006

Hemos insistido siempre en que el expediente de Tebeto se tramitó en la Consejería de Industria como si el instructor fuera el mismísimo Rafael Bittini. Desde que en 2005 el empresario, con la autorización que en 2004 le dio Luis Soria, inició el procedimiento para reclamar una indemnización por no poder explotar la cantera (lo prohibía desde 1999 el planeamiento municipal de La Oliva, y desde 2001 el Plan Insular de Fuerteventura), se aprecian muchas facilidades para avalar las tesis del reclamante. Así, el 20 de septiembre de 2006, el instructor del expediente administrativo admite la tasación pericial aportada por el empresario, la que firmaba el tío carnal de los hermanos Soria López. Luego, el jefe de los Servicios de Minas se desentiende de esa tasación y no hace ninguna que la contradiga, a pesar de haber firmado en 1988 un informe particular, por encargo del empresario, en el que decía que allí había pocas posibilidades de encontrar traquita en bloque.

LA AUTORIZACIÓN QUE EN 2004 OTORGA LUIS SORIA

El ''hito capital'' que señala la sentencia

Lo que de momento intentan tapar el Gobierno y Ruano es una verdad incontrovertible, la que la sentencia del TSJC denomina "un hito capital", que no es otro que la autorización que en noviembre de 2004 firma Luis Soria permitiendo a Canteras Cabo Verde, S.A. explotar unas cuadrículas mineras en la montaña de Tebeto en contra del planeamiento urbanístico y de la Ley de Minas. Dice la sentencia que ese "hito capital" significa "el reconocimiento de las aspiraciones que venía defendiendo" el empresario reclamante. Una autorización absolutamente ilegal, porque la Consejería de Industria no hizo las más mínimas gestiones, como prescribe la ley, para verificar que la cantera era explotable por la existencia del recurso minero en cuestión; ni se comprobó la solvencia técnica y económica del solicitante, ni, por último, se tuvieron en cuenta las normas urbanísticas que afectaban directamente a la concesión que se pretendía. Ahora toca echar la culpa a la Justicia, y pronto empezaremos a hablar de tenis, de fútbol y de prestigiosos restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria.