“En Canarias todos los caminos conducen a Soria”, “huido el conejo, palos a la madriguera”.

El portavoz parlamentario del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Santiago Pérez, cree que el Gobierno canario ha que reconocido hoy implícitamente que “se dejó ganar” en el llamado ‘caso Tebeto’, tras la presentación de un contrainforme pericial sobre el valor de las explotaciones mineras que rebaja en 100 millones de euros el derecho a indemnización del empresario demandante.

Pérez sostiene que este informe, hecho público este miércoles, llega “extraordinariamente tarde”, ya que el Gobierno no solicitó ninguno durante el proceso administrativo ni tampoco el judicial, y le pide que “deje de echar balones fuera” en cuanto a la responsabilidad que tiene en este caso.

“El Gobierno reconoce que se dejó ganar”, declaró el portavoz parlamentario, quien argumenta que el empresario, Rafael Bittini, trató de fundamentar su derecho a indemnización en un informe pericial que nunca fue puesto en cuestión y “firmado por el señor López”, en referencia al ingeniero encargado de la tasación, familiar del vicepresidente canario, José Manuel Soria.

“En Canarias todos los caminos conducen a Soria”, agregó Pérez, quien no obstante se centró en el hecho, “al que se hace referencia constantemente en la sentencia” que condena al Gobierno a pagar 102 millones de euros de indemnización, de que el Ejecutivo regional “nunca puso en cuestión” el citado informe pericial. No sólo dice que se hace referencia en la sentencia, sino que el juez, “del que tocará hablar más adelante”, estaba “encantado” de que así fuera.

En este sentido, se queja de que no se cuestionara, de que no se solicitara otro informe, por lo que “no hubo fase probatoria” en el juicio para contrastarlo y tampoco “se solicitó vista” para exponer los argumentos del Gobierno que lo que ha hecho es solicitar un recurso de casación, que considera “muy restringido”.

Vía extraordinaria.

En cuanto a la posibilidad de que finalmente no se tenga que afrontar esta indemnización, Pérez dijo que el ordenamiento jurídico español y “todas las leyes procesales” siempre abren una vía extraordinaria cuando aparecen nuevos hechos o documentos determinantes para lo enjuiciado, o cuando se demuestra que una sentencia es manifiestamente injusta.

“Conceptualmente existe esa posibilidad”, matizó el portavoz parlamentario socialista, quien especificó que otra cosa es que se pueda realizar, ya que la vía extraordinaria está vetada a los que “pudiendo actuar no actuaron”, ya que se insistió reiteradamente en que el Gobierno hizo dejación de sus funciones al no cuestionar el informe presentado por Bittini.

Tanto es así, que señala como “hito” en esta historia el hecho de que, en 2004, siendo consejero de Industria Luis Soria, hermano del vicepresidente canario, “no se reparase en que los que solicitaron el derecho de explotación no le demostrase los recursos mineros a explotar”.

Es más, sostiene que el único informe con sondeos sobre el terreno, de 1982 asegura que la posibilidad de encontrar traquita en bloque era “muy remota”. No sólo eso, sino que además ya se había aprobado el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Fuerteventura que impedía la explotación de esa zona.

La tasación realizada a cargo del empresario y presentada como prueba fundamental para recibir la indemnización, fue hecho, según Pérez, sobre un terreno muy amplio de la zona a explotar, y no sobre la zona concreta que se quería explotar, que era mucho más pequeña. “Porque claro -agregó- no es lo mismo que te paguen dos millones que 102 millones de euros, y la diferencia entre uno y otro es un Gobierno nefasto”.

Para Pérez todo esto son hitos fundamentales porque implican el reconocimiento, por parte del Gobierno canario, de las aspiraciones de Bittini, algo en lo que “se insiste en la sentencia, que se agarra al hecho de que no se puso en duda el informe pericial”. “Si no había negocio, no había derecho a una indemnización tan cuantiosa”, añadió.

Sobre los argumentos del Gobierno canario de que no se solicitó este informe porque el Consejo Consultivo no lo estimó necesario, Pérez recuerda que los dictámenes de este organismo asesor “no son vinculantes” y que por eso, tenía capacidad política para solicitar una nueva tasación. “El Gobierno miente para ocultar su responsabilidad”, declaró Pérez quien, concluyó: “huido el conejo, palos a la madriguera”.