La Justicia en crisis
Varios autores *
Como profesionales y operadores en el ámbito de la Administración de Justicia y al servicio de la ciudadanía, queremos cumplir escrupulosamente con los principios de legalidad, libertad e igualdad, con respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y a las garantías constitucionales y legales. Por ello, en los momentos actuales compartimos con las personas que, sin ser profesionales de este ámbito, muestran su sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en la base de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la Ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.
Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen. Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales de cuello blanco que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
É
sa es una imagen de la Justicia en el estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos.
(*) Este escrito viene avalado con la firma de Joaquín Espinosa Boissier, María Victoria Rosell Aguilar, Alfredo Crespo Sánchez, Mery Pita Cárdenes, Joaquín Sagaseta Parada, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, José María Guerra Aguiar, Leonor Castro Henríquez, José Manuel Rivero Pérez, Manuel Sánchez Álvarez, Félix Parra Suria, y hasta cien firmas más.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en la base de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la Ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen. Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales de cuello blanco que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
É
sa es una imagen de la Justicia en el estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos.(*) Este escrito viene avalado con la firma de Joaquín Espinosa Boissier, María Victoria Rosell Aguilar, Alfredo Crespo Sánchez, Mery Pita Cárdenes, Joaquín Sagaseta Parada, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, José María Guerra Aguiar, Leonor Castro Henríquez, José Manuel Rivero Pérez, Manuel Sánchez Álvarez, Félix Parra Suria, y hasta cien firmas más.
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