LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - CANARIAS AHORA

Considera que el ex concejal de Urbanismo de Santa Brígida y consejero del PP en el Cabildo pudiera haber cometido prevaricación, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales.

El caso Brisan que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida en el anterior mandato del PP ha dado una pequeña vuelta de tuerca. El juez instructor, Alberto Puebla, considera que el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz adjunto del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez Ojeda, pudiera haber cometido presuntos delitos de malversación, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, en relación a la denominada trama Saramema, que indaga la construcción de un parking en El Monte Lentiscal, conocido en su día como el Mamotreto de El Monte.

En un auto conocido este viernes pero fechado el 10 de octubre de 2009, el juez instructor decreta la apertura de varias piezas separadas del caso, cuya parte principal se mantiene en torno a la investigación que afecta al ex concejal Luis Troya y las presuntas contrataciones ilegales del Ayuntamiento a una ferretería de su propiedad.

De las otras tres tramas ahora separadas en piezas, una de ellas aborda la construcción del parking de El Monte y a juicio del instructor, los presuntos delitos atribuidos por la Guardia Civil "pudieren imputarse" no sólo a Carlos Sánchez Ojeda, sino al anterior alcalde de la Villa, Carmelo Vega, y al representante de la empresa Saramema, Antonio Saavedra.

El auto relata sobre esta trama, en la que aparece por primera vez el actual portavoz adjunto del PP en el Cabildo grancanario, que el Ayuntamiento otorgó en 2006 licencia de primera ocupación del parking a la mercantil Saramema, sin que la empresa cumpliera con lo convenido: construir en compensación una o varias obras públicas valoradas en más de 200.000 euros, ni entregado el dinero a la Corporación. El Ayuntamiento nunca reclamó y sólo lo hizo cuando supo que existía una investigación por parte de la Guardia Civil.

Aparte de esta pieza separada dirigida contra Carlos Sánchez, Carmelo Vega y Antonio Saavedra, el juez ha decretado la apertura de otras dos instrucciones desgajadas del asunto principal concerniente a Luis Troya: de un lado, las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento a las empresas hosteleras del ex alcalde Carmelo Vega, con un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; de otro, gastos injustificados y cargados al Ayuntamiento de un viaje a Cuba realizado por el ex alcalde Antonio Díaz.